La estrategia de compras del Estado es un factor importante de desarrollo de la economía interna, y de promoción de empresas generadoras de empleos directos y productivos, cuyo principal beneficiario es el país económico no petrolero. Reconociendo este poder reactivador (en un país en el cual el Estado es dueño de casi todo), el gobierno debe orientar su gasto rápidamente, estableciendo prioridades, basadas por un lado en sus propias necesidades, y por el otro, en los sectores que requieren el combustible del capital de trabajo para continuar operando.
En nuestro país y en muchos otros de la región, la pequeña y mediana industria es el motor de las oportunidades, y la fuerza detrás del crecimiento económico.
El Estado tiende a procurarse recursos solo a través de grandes empresas, fomentando la concentración del mercado, en contra de la competencia.
De esta manera el Decreto-Ley tiene como objeto fundamental el instrumentar una serie de mecanismos, básicamente públicos, para apoyar, fomentar, promocionar, expandir, recuperar y, en definitiva, desarrollar a la pequeña y mediana industria, así como a las llamadas unidades de propiedad social; objetivos a lograr mediante la asistencia técnica, financiamiento, capacitación y seguimiento por parte del Estado, su participación en los procesos de contratación pública en condiciones preferentes, para lo cual son de obligatoria aplicación las disposiciones normativas en comentarios.
La pequeña y mediana industria (PYMI) es definida en el Decreto-Ley como unidades organizadas jurídicamente para transformar materias primas, y se determinan bajo criterios objetivos que son: nómina promedio anual de hasta 50 y 100 trabajadores, respectivamente y facturación anual de hasta 100.000 y 200.000 unidades tributarias, también respectivamente. Las cooperativas, llamadas unidades productivas familiares y cualquier otra forma de asociación que surja en el seno de la comunidad, su objetivo es la realización de cualquier tipo de actividad económica productiva, financiera o comercial lícita, a través del trabajo planificado, coordinado y voluntario, como expresión de conciencia y compromiso al servicio del pueblo, contribuyendo al desarrollo comunal, donde prevalezca el beneficio colectivo sobre la producción de capital y distribución de beneficios de sus miembros.
En nuestro país y en muchos otros de la región, la pequeña y mediana industria es el motor de las oportunidades, y la fuerza detrás del crecimiento económico.
El Estado tiende a procurarse recursos solo a través de grandes empresas, fomentando la concentración del mercado, en contra de la competencia.
De esta manera el Decreto-Ley tiene como objeto fundamental el instrumentar una serie de mecanismos, básicamente públicos, para apoyar, fomentar, promocionar, expandir, recuperar y, en definitiva, desarrollar a la pequeña y mediana industria, así como a las llamadas unidades de propiedad social; objetivos a lograr mediante la asistencia técnica, financiamiento, capacitación y seguimiento por parte del Estado, su participación en los procesos de contratación pública en condiciones preferentes, para lo cual son de obligatoria aplicación las disposiciones normativas en comentarios.
La pequeña y mediana industria (PYMI) es definida en el Decreto-Ley como unidades organizadas jurídicamente para transformar materias primas, y se determinan bajo criterios objetivos que son: nómina promedio anual de hasta 50 y 100 trabajadores, respectivamente y facturación anual de hasta 100.000 y 200.000 unidades tributarias, también respectivamente. Las cooperativas, llamadas unidades productivas familiares y cualquier otra forma de asociación que surja en el seno de la comunidad, su objetivo es la realización de cualquier tipo de actividad económica productiva, financiera o comercial lícita, a través del trabajo planificado, coordinado y voluntario, como expresión de conciencia y compromiso al servicio del pueblo, contribuyendo al desarrollo comunal, donde prevalezca el beneficio colectivo sobre la producción de capital y distribución de beneficios de sus miembros.
Como parte de los proyectos de gestión que tiene el Gobierno venezolano, han desarrollado una serie de mecanismos de ayuda como herramienta fundamental en las compras públicas que persiguen una serie de objetivos que a continuación se hará énfasis en tres de ellos.
Entre los mecanismos se encuentran los planes excepcionales de desarrollo económico y social para las compras del Estado; que corresponde a las Ruedas de Negocios, instrumento que no es novedoso pues en otros países ya se ha usado o se está recurriendo a esta estrategia, pero en Venezuela según los comentarios de los personeros del Gobierno ha rendidos los frutos esperados en cuanto a la participación de PyMIs y cooperativas, lo cual que puede incentivar la creación de nuevas industrias. Pero teniendo en cuenta que cada Rueda de Negocios demanda sumas de dinero considerables y también permite la participación de un gran número de pequeñas y medianas industrias y cooperativas. Medidas temporales para la promoción y desarrollo de las pequeñas y medianas industrias, cooperativas y otras formas asociativas, productoras de bienes, prestadoras de servicios y ejecutoras de obras, ubicadas en el país; cuyo objetivo principal es el de estimular el desarrollo y contribuir con la sostenibilidad de las pequeñas y medianas industrias, cooperativas con la aplicación del Valor Agregado Nacional (VAN) y las Preferencias Adicionales en el proceso de evaluación, mecanismo que indiscutiblemente viene a favorecer a las PyMIs y Cooperativas en relación con las empresas de más de 100 trabajadores en su entorno. Normas para las preferencias de anticipos y pronto pago para asegurar la promoción y desarrollo de las Micros, PyMIs y Cooperativas; donde el objetivo principal es garantizar el acceso oportuno a los recursos económicos para la producción, desarrollo y fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias, cooperativas, ayudando a las industrias y cooperativas a obtener el capital de trabajo suficiente para la fabricación de los bienes o los servicios ofrecidos.
De esta manera como lo establece el artículo 308 del marco legal de la CRBV, el Estado protegerá y promoverá la Pequeña y Mediana Industria, las cooperativas… la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo… con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país…
Mientras las empresas conozcan más, los alcances de estos Decretos y puedan reclamar sus derechos ante los distintos entes contratantes, podremos hacer valer la premisa actual del Desarrollo Endógeno del país.
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